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Monográfico | DANA
Blindemos las inversiones en obras hidráulicas
Ignacio Sánchez de Mora y Andrés
Ingeniero de caminos, canales y puertos. Presidente de CÍES. Federación de Asociaciones de Empresas de Conocimiento e Ingeniería de España.
Permitidme, queridos compañeros, que emplee las primeras líneas de este artículo para expresar mi frustración como ingeniero de caminos, canales y puertos ante la dimensión de la catástrofe acontecida en la Comunidad Valenciana. En un país como España no puede volver a acontecer tal cosa. Atesoramos el conocimiento técnico y disponemos de la tecnología necesaria para evitarlo. Resulta imprescindible pues blindar las inversiones en obras hidráulicas; y, si el Estado —entendido ampliamente, en todos sus niveles administrativos— no es capaz de acometerlas vía presupuestos, tendremos que implantar impuestos de carácter finalista. No me cabe duda de que todos nuestros conciudadanos estarán dispuestos a pagar por infraestructuras que garanticen su seguridad y minimicen los daños personales y materiales de las avenidas torrenciales y de las sequías pertinaces que padecemos con frecuencia. En efecto, los modelos impositivos implantados en diferentes comunidades autónomas españolas para el cumplimiento de la Directiva Europea sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas 91/271 (recientemente ampliada) son casos de éxito.
En la mesa redonda en la que tuve el honor de participar junto con los presidentes de Tecniberia, SEOPAN, ANCI, FECOVAL, TRAGSA y el vicepresidente del banco CBNK, se me plantearon tres preguntas que pasaré a responder a continuación.
La primera concernía a la capacidad de las ingenierías para dar una respuesta inmediata en situaciones como la vivida. El sector de la ingeniería de consulta está demostrando en estas semanas una gran solvencia técnica y un compromiso total con la sociedad. Las empresas miembro de AVINCO, Asociación Valenciana de Ingenieros Consultores, y la patronal, integrada en la federación CÍES, están trabajando siete días a la semana para atender a las primeras emergencias y restablecer los servicios esenciales una vez realizadas las relaciones valoradas de las necesidades para la reconstrucción en tiempo récord. Resulta evidente que España necesita un sector de ingeniería con músculo para poder atender con solvencia este tipo de situaciones. Adicionalmente, las ingenierías pueden desempeñar un cometido preventivo en la integración de los datos disponibles a través de los sistemas automáticos de información hidrológica SAIH, los modelos de inundabilidad y los sistemas de alerta temprana SAT o de ayuda a la decisión SAD. Los servicios de ingeniería deben operar como puente entre el conocimiento generado en la universidad y el diseño de las soluciones constructivas para la defensa de avenidas.
La segunda pregunta atañía a la importancia del trabajo de evaluación de daños y formulación de proyectos. Debemos tener siempre presente la trascendencia de un proyecto de calidad y bien dimensionado para optimizar el ciclo de vida de la infraestructura. Sirva para ilustrar este hecho la ley de Sitter o de los cincos, que promulga que por cada euro invertido en diseño y construcción se pueden ahorrar cinco en mantenimiento, veinticinco en reparaciones y ciento veinticinco en rehabilitación. Este es, lamentablemente, el caso que nos ocupa.
Debe subrayarse que a la reconstrucción se le ha dado rango de vicepresidencia en la comunidad autónoma, por lo que colijo que se realizará una planificación y dotación presupuestaria adecuadas. En mi opinión, el problema monumental que nos concierne se puede resolver a tres velocidades sin perder de vista el compromiso permanente que se va a suscitar entre lo rápido y lo bien hecho. Las tres velocidades se resuelven mediante tres figuras contractuales previstas en la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017; a saber: los contratos de emergencia (afortunados somos de su existencia); los procedimientos negociados en sus diferentes versiones para las actuaciones de urgencia; y los acuerdos marco. Esta última figura me parece especialmente indicada para los servicios de ingeniería necesarios, dado que la cuantificación de los daños ha sido preliminar y no se ha dispuesto de toda la información necesaria para precisar el alcance de las actuaciones.
En tercer lugar, el moderador, mi querido Fernando Ruiz Ruiz de Gopegui, a quien felicito por la organización, me planteó una cuestión de fondo: «¿Es adecuada la normativa que se usa actualmente en los proyectos, o habría que adaptarla a las nuevas condiciones del cambio climático?»
En mi opinión, sí que lo es. España dispone de normativa propia del siglo XXI. Sirvan de ejemplo la Directiva Europea de Evaluación y Gestión de los Riesgos de Inundación, que es de 2007; la norma técnica de seguridad de presas y embalses de 2021, y la norma 5.2-IC para el drenaje superficial, de 2016. No obstante, es cierto que la Directiva 60/2027 no recoge la singularidad del mediterráneo español, como también lo es que, en ocasiones, se producen divergencias entre la normativa estatal y la autonómica en el cálculo de las secciones transversales, y que la normativa actual está pensada para infraestructuras de nueva planta y no para la reparación o reconstrucción. No cabe duda de que estos tres aspectos son mejorables.
De las intervenciones que escuché en el transcurso de la mesa redonda, me gustaría detenerme en dos. Respecto a la primera, quiero expresar mi preocupación ante las declaraciones que realizó el presidente de TRAGSA sobre el hecho de que los fondos europeos no puedan asignarse a las obras de emergencia. ¿Acaso la cuarta economía de Europa, en año récord de recaudación fiscal, no tiene fondos propios para atender la perentoria reconstrucción del área metropolitana de Valencia? Espero que mi cavilación sea infundada; no obstante, la duda suscitada me reafirma en que la solución para la ejecución efectiva de las obras hidráulicas pasa por la implantación de impuestos finalistas. La segunda intervención la realizó el presidente de FECOVAL, quien describió a la perfección la magnitud y la devastación generada por la depresión aislada en niveles altos del pasado 29 de octubre de 2024, que ocasionó 219 fallecidos —a los que debemos sumar otros siete en Castilla‑la Mancha y uno en Andalucía— y que afectó a 68 municipios y ochenta áreas industriales en un territorio de 166 kilómetros cuadrados.
Me gustaría finalizar este artículo con una reflexión sobre el compromiso que ha adoptado Países Bajos ante la amenaza que supone la subida del nivel medio del mar por efecto del cambio climático. Visto en la distancia, se constituye como un reto nacional para el que no se están escatimando inversiones. Nosotros, en España, asumimos un reto dual y contrapuesto —inundaciones y sequía— que exige sistemas de gestión de cuencas muy robustos. Es conocido que casi todas las actuaciones necesarias están recogidas en los anexos de los planes hidrológicos de cuenca, mientras que su grado de ejecución medio se sitúa en el 30%. No nos queda otra que blindar estas inversiones vía presupuestaria o a través de impuestos finalistas. ¡Hagamos los deberes!