Recomendaciones

A partir de las anteriores consideraciones y con el objetivo de aumentar la resiliencia de nuestro territorio en general y de nuestras infraestructuras en particular, este autor considera que es necesario:

• Reforzar el sistema integral de gestión de riesgos. Un proceso complejo y multifacético que requiere una planificación a largo plazo, una inversión sostenida y la participación activa de todos los actores involucrados con el fin de aumentar la resiliencia de nuestras comunidades y reducir las pérdidas humanas y económicas causadas por los desastres naturales. Además, requiere de una revisión de los protocolos de actuación frente a eventos desastrosos.
• La gestión de riesgos debe considerar los efectos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, la intensificación de eventos extremos y la acidificación de los océanos. La gestión de riesgos es un desafío global que necesita de la cooperación internacional para compartir conocimientos, experiencias y recursos. Por ello se recomienda utilizar la metodología propuesta por la ONU para comprobar regularmente la resiliencia de nuestras infraestructuras.
• Una gobernanza multiactor y los equipos de respuesta multidisciplinarios. Se trata de elementos clave para una gestión efectiva de los riesgos a lo largo de todas las fases del proceso. Al combinar la participación de múltiples actores con la diversidad de conocimientos, se pueden construir comunidades más resilientes y mejor preparadas para enfrentar los desafíos del futuro.
• Asegurar una comunicación efectiva y lo más personalizada posible durante la fase de urgencia. Para ello, antes es preciso realizar campañas de educación continua en materia de gestión de riesgos, incluyendo la realización periódica de simulacros. Además, es importante considerar la vulnerabilidad social de las distintas comunidades en el momento de diseñar estrategias de prevención y respuesta.
• Realizar una planificación territorial efectiva considerando los riesgos climáticos y promoviendo la resiliencia a través de la elaboración de mapas para la zonificación de riesgos y la construcción de infraestructura verde y edificaciones resistentes en zonas seguras evitando efectos barrera. La participación de los agentes sociales en este proceso es fundamental.
• Diseñar y llevar a cabo estrategias de mantenimiento preventivo con un enfoque que abarque todo de ciclo de vida, de modo que se puedan identificar y mitigar riesgos, optimizar los recursos, prolongar la vida útil de las infraestructuras y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
• Agilizar y modernizar los procesos de licitación a través de la digitalización y la estandarización, desde la publicación hasta la adjudicación, eliminando el papeleo y acelerando las comunicaciones. Además, es necesario simplificar los formularios administrativos y los criterios de evaluación, reduciendo la burocracia y favoreciendo la transparencia. Complementariamente, es preciso utilizar los procedimientos de urgencia en los casos en que sea posible.
• Agilizar y modernizar los procesos de evaluación de impacto ambiental a través de un enfoque más estratégico y digitalizado. En particular, durante las etapas iniciales, se propone el uso de la Evaluación Ambiental Rápida, que es un enfoque ágil para evaluar los posibles impactos ambientales de un proyecto o actividad —especialmente en situaciones de emergencia o crisis— diseñado para proporcionar información oportuna a los tomadores de decisiones, permitiéndoles diseñar acciones informadas para minimizar el daño ambiental.
• Adaptar y simplificar la legislación con el fin de agilizar todos los procesos ligados a la materialización eficaz de las tres fases en las que se debe afrontar un desastre, eliminando trabas administrativas y obstáculos operativos que ralenticen las respuestas que necesita la población en cada caso, desde el auxilio inmediato y la dotación de vivienda o la recuperación de la actividad económica hasta la ejecución material de los proyectos pasando por una planificación urbanística y de las infraestructuras con criterios racionales.
• Los mecanismos de financiación deben estar basados en una gran flexibilidad en la movilización de fondos y, además, estar orientados a la obtención de resultados concretos en términos de reducción de riesgos y aumento de la resiliencia. En la medida de lo posible, es recomendable intentar acceder a fondos internacionales específicos, como los orientados a proyectos de adaptación al cambio climático.

Desde nuestra profesión se pueden y se deben poner nuestros diversos conocimientos y experiencia a disposición de las Administraciones públicas para actuar como asesores en la definición de las actuaciones orientadas a aumentar la resiliencia de nuestras infraestructuras frente a los desastres naturales y al cambio climático, siguiendo las líneas apuntadas en este artículo. En este contexto, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha expresado claramente la necesidad de establecer un Pacto de Estado del Agua, que permita minimizar los efectos del cambio climático sobre nuestro territorio.