Las exigencias de la Directiva Marco del Agua, en todo caso, no impiden la utilización del agua como bien económico, pero establecen claramente unos límites de salvaguarda medioambiental. Este es un concepto que, más allá de Europa, se está extendiendo como “seguridad hídrica”, entendida esta (UNESCO, 2020) como el conjunto de medidas que permiten garantizar el abastecimiento de agua sin comprometer la protección de los ecosistemas, los bienes y las personas. Esta definición es también adoptada por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas para la consecución del Objetivo 6 (agua limpia y saneamiento) de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Según Naciones Unidas, la “transición hidrológica” sería el proceso que nos lleva hacia la seguridad hídrica.

En España, la consecución de la seguridad hídrica, el reto de compatibilizar el uso del agua y los requerimientos medioambientales es enorme. Debe tenerse en cuenta que, según los planes hidrológicos de segundo ciclo actualmente en vigor (Ministerio para la Transición Ecológica, 2018), contamos con unos recursos hídricos totales de unos 99.000 hm3/año, a los que se añadirían unos 800, resultado de la suma de los procedentes de la desalación (450 hm3/año) y de la reutilización (unos 350 hm3/año). Estos recursos deben hacer frente a unas demandas cercanas a los 31.000 hm3/año (5.000 para uso urbano, 25.000 para uso agrario y 1.000 para uso industrial). Con ello, el índice medio de explotación en España (porcentaje que suponen las asignaciones de recursos sobre el total) es superior al 30%, pero debe tenerse en cuenta que es un valor medio, con cuencas, como la del Segura, con un índice de explotación del 112% (las demandas que superan a los recursos disponibles en la propia cuenca se satisfacen gracias a la sobreexplotación de los acuíferos y a que son atendidas mediante transferencias del Tajo) o del 87%, en el caso del Júcar.

Y este reto se acrecienta debido al cambio climático. Incluso suponiendo unas demandas que no crezcan en el futuro, los recursos hídricos disminuirán. Según el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, las principales tendencias identificadas son el aumento de la evapotranspiración, la disminución de los caudales medios de los ríos y de la recarga de los acuíferos, así como el incremento de las sequías, lluvias torrenciales e inundaciones. De acuerdo con los trabajos desarrollados por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y la Oficina Española de Cambio Climático, la disminución prevista de las aportaciones a finales de siglo, considerando escenarios medios, se situará entre el 19% y el 42%, según las demarcaciones hidrográficas, con los valores más altos precisamente en las cuencas más vulnerables, es decir, las del sur, sureste y levante, así como en los territorios insulares.

Necesitamos, en definitiva, aumentar los márgenes de seguridad con los que planificamos la gestión de los recursos hídricos y, al mismo tiempo, poner en práctica medidas de recuperación y conservación de nuestros ríos y acuíferos. Y todo ello teniendo en cuenta, como se ha incidido reiteradamente en este artículo, que la legislación actual restringe la posibilidad de construir nuevas infraestructuras en nuestros cauces, con lo que el esfuerzo inversor para la consecución de la seguridad hídrica deberá centrarse en nuevos campos, que tienen que ir más allá de la construcción de embalses de regulación o de trasvases.

Ahora es más fácil desarrollar estas nuevas áreas de actividad porque nos beneficiamos de unas tecnologías capaces de medir y analizar, con rigor, volúmenes de datos hasta hace poco inmanejables y de unas comunicaciones y sistemas de telemando y control seguros y asequibles. Cada vez somos más capaces de una gestión flexible y adaptativa de los sistemas de explotación que, en cada cuenca hidrográfica, vinculan los recursos hídricos a las demandas. Vamos, en efecto, hacia una gestión que integre las distintas fuentes de agua disponibles –superficiales, subterráneas, desalación, reutilización– y que las gestionen en función de las demandas y las condiciones meteorológicas y ambientales.

Es evidente que el esfuerzo inversor en estas nuevas infraestructuras deberá acompañarse de medidas legales, institucionales y administrativas. Solo a modo de ejemplo, si vamos a integrar las distintas fuentes de recursos hídricos y a adaptar su gestión a las necesidades en tiempo real, ya no es asumible un sistema concesional como el actual, donde las demandas de agua se sobrevaloran porque, en muchos casos, responden a la suma de unos derechos adquiridos por los usuarios hace decenios. No se debe seguir planificando dando por inamovibles unas concesiones de agua que ni tuvieron en cuenta el obligado cumplimiento de los objetivos ambientales que impone la Directiva Marco del Agua ni, en ningún caso, la reducción en la disponibilidad de los recursos que causa el cambio climático.