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Monográfico | DANA
DANA 2024: por un pacto de Estado urgente sobre el agua
Declaración Institucional del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Miguel Ángel Carrillo Suárez
Presidente del Colegio
En el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos sentimos una honda consternación por el trágico fallecimiento de 223 personas en la Comunidad Valenciana, siete en Castilla-La Mancha y una persona en Andalucía, así como por la desaparición de tres personas como consecuencia de la DANA.
Nuestra desolación es especialmente sentida porque somos el colectivo profesional que cuenta con competencias en la planificación, diseño, construcción, explotación, mantenimiento y gestión de las infraestructuras hidraúlicas así como en movilidad, transporte, urbanismo, ordenación del territorio y energía. Estamos convencidos de que las pérdidas humanas se podrían haber reducido y también los daños que han causado esta devastación.
Por eso, lamentamos profundamente que no se hayan atendido las recomendaciones técnicas que venimos realizando los ingenieros de caminos, canales y puertos sobre la construcción de infraestructuras hidráulicas necesarias y su mantenimiento, ni sobre la limpieza de los cauces, ya que habrían reducido las consecuencias de esta DANA.
Reivindicamos además que el único técnico competente en materia de seguridad de presas sea un ingeniero de caminos, ya que ello es garantía del correcto funcionamiento de estas infraestructuras. Confiamos en que esta solicitud, que ya hemos cursado, se recoja en el Real Decreto que se está elaborando.
Otra de nuestras reclamaciones y recomendaciones es la incorporación de ingenieros de caminos municipales en los ayuntamientos; entre otras aportaciones, ellos, sin duda, contribuirán a plantear soluciones técnicas en zonas de riesgo de inundación.
En pleno siglo XXI, en un país desarrollado como el nuestro, de referencia en Europa en muchos ámbitos, con un colectivo de ingenieros de caminos valorados en todo el mundo por su solvencia técnica, nuestra sociedad no puede ni debe aceptar, en ninguna circunstancia, que se vuelva a producir una tragedia humana y material de esta magnitud.
Es imprescindible aprender de lo sucedido y tomar decisiones inmediatas, en especial, en el ámbito hidrológico e hidráulico. Resulta desalentador y, desde luego, muy difícil de comprender, que, un mes después de la tragedia, los principales partidos políticos de nuestra nación solo estén de acuerdo en criticarse mutuamente por la gestión de esta emergencia.
El agua es vida. Ahí donde escasea, hay que llevarla. Y ahí donde produce riadas, hay que controlarla. Con toda seguridad, uno de los principales desafíos a que nos enfrentamos en España es la gestión del agua, específicamente, cuando se producen riadas provocadas por lluvias extremas, y también ante las sequías. Por eso, es necesario garantizar el suministro de agua a la población para abastecimiento y regadío precisamente en los mismos territorios donde se producen las grandes avenidas. España tiene un riesgo de desertización del 75% de su territorio; a la vez, casi tres millones de personas viven en zonas potencialmente inundables en un periodo de retorno de 500 años.
Es imprescindible aprender de lo sucedido y tomar decisiones inmediatas, en especial, en el ámbito hidrológico e hidráulico
El inaplazable consenso sobre el agua
Es urgente e inaplazable llegar a un consenso sobre el agua en el que las soluciones técnicas propuestas por los ingenieros de caminos ante desastres naturales respalden y mejoren la eficacia de las decisiones políticas. Por esto, hoy desde el Colegio hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas, a todas las instituciones nacionales, autonómicas, provinciales y locales para que acuerden con urgencia un pacto de Estado sobre el agua.
España necesita y merece un pacto que garantice la ejecución de las inversiones recogidas en los planes hidrológicos y en los de defensa de avenidas de las cuencas hidrográficas. El agua no tiene ideología y su gestión tampoco debería tenerla. Es imprescindible que como país actuemos ahora con responsabilidad y determinación.
Es perentorio trazar el rumbo del Estado a largo plazo en materia de agua, donde primen los criterios técnicos y la cogobernanza entre administraciones, con total independencia del partido que gobierne y de otros intereses localistas.
En España ya hemos demostrado nuestra capacidad de llegar a acuerdos. Así ocurrió con los Pactos de la Moncloa de 1977, que conllevaron reformas en el ámbito político, económico y social; con el Pacto de Toledo, en 1995, sobre el sistema de pensiones; con el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo del año 2000; o el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, alcanzado en 2017. Ahora, más que nunca, es el momento de promover un Pacto de Estado sobre el Agua.
Inversiones
Otra reflexión en la que quiero hacer hincapié es la relativa a las inversiones en infraestructuras hidráulicas: las consecuencias humanas y materiales de esta trágica DANA podrían haberse reducido si se hubieran construido las que estaban proyectadas.
Como indicaré a continuación, la DANA, además de la trágica pérdida de vidas humanas, ha tenido graves consecuencias económicas. Entre las tres comunidades afectadas, hay un millón de damnificados, además de 69 000 viviendas y 120 000 vehículos dañados. Hay además 78 municipios de la provincia de Valencia perjudicados en los que vive el 40% de su población y en los que se ubica el 36% de las empresas de la provincia.
Asimismo, según la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, la DANA ha provocado daños en las infraestructuras que riegan 70 000 hectáreas de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla- La Mancha.
En el ámbito económico, la DANA ha afectado a 30 000 empresas y ocasionado una pérdida del tejido productivo por valor de más de 13 300 millones de euros. El Banco de España ha calculado que esta catástrofe restará 1000 millones del PIB al crecimiento del cuarto trimestre del año. Y, en una primera estimación, considera que solo la reconstrucción de las infraestructuras de comunicación y la gestión de los residuos de los daños causados tendrán un coste de 2600 millones de euros. Estamos, por tanto, ante un auténtico desastre humano, económico y material que demuestra que invertir en infraestructuras hidráulicas es rentable desde cualquier perspectiva.
La sociedad no debe llamarse a engaño ante las riadas. Si un cauce, barranco o rambla tiene la capacidad de desaguar un caudal máximo determinado, la única manera de evitar inundaciones ante una gran riada es construir infraestructuras hidráulicas, como las presas, para laminarla, esto es, para que a ese cauce le llegue menos agua de manera instantánea. Además, en los casos necesarios, deberemos disponer también de cauces artificiales que canalicen el agua excedentaria desde la presa.
Invertir en infraestructuras, y especialmente en infraestructuras hidráulicas, es imprescindible para evitar los daños producidos por riadas. Desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, proponemos realizar un conjunto de actuaciones que consideramos imprescindibles en la cuenca del Júcar.
Seopan ha elaborado una estimación presupuestaria que apoyamos donde se indica que todas las obras planificadas entre 2022 y 2027 en la cuenca del Júcar requieren una inversión de 3170 millones de euros. La patronal de las grandes constructoras también considera que las inversiones necesarias a realizar en todas las cuencas mediterráneas requieren un total de 5000 millones de euros.
Actuaciones
Las actuaciones que desde el Colegio proponemos realizar con el objetivo de reducir riesgos ante futuras avenidas se articulan en cinco ámbitos:
- Regulación de recursos hídricos. Entre ellos, la revisión de la presa del Marquesado, Buseo, Montesa, Sellent, Villamarchante y Cheste. También es necesario acometer actuaciones en áreas de riesgo de inundación del Bajo Turia, medidas en cauce y llanura de inundación, y reforestación en cabecera del barranco del Poyo. Además, proponemos que se realicen actuaciones en el área de riesgo de inundación del Bajo Turia-Ribera del Júcar y acondicionamientos en el río Magro. También es necesario un dragado selectivo y preventivo del lago de la Albufera de Valencia.
- Plantas y redes de abastecimiento. Principalmente en la Hoya de Buñol-Chiva, así como infraestructuras de distribución, refuerzo, conexión y regulación de agua para el abastecimiento de Valencia y su área metropolitana. En los aspectos referidos al tratamiento y depuración, detectamos la necesidad de realizar obras de reformas en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales afectadas por la DANA, así como la reordenación de la infraestructura hidráulica de L’Horta Sud y la red de municipios afectados de la cuenca del Poyo.
- Plantas de gestión de residuos urbanos. En ellas proponemos realizar actuaciones relativas a obras de reparación y reforma de las plantas de residuos urbanos e industriales y vertederos controlados para acopio de residuos compatibles con las situaciones de emergencia.
- Redes eléctricas y de telecomunicaciones. Aprobación de las infraestructuras que llevan décadas pendientes y puesta en marcha de sistemas de comunicación avanzados que no decaigan en situaciones de emergencia.
- Actuaciones relativas a los sistemas de avisos, alarma e instrumentación. En línea con la directiva europea que así lo exige, implementación de sistemas de alerta temprana y protocolos de emergencia efectivos. En las cuencas hidrográficas, es necesario dotar de mayor número de instrumentos de medida al Sistema Automático de Información Hidrológica.
Esta trágica DANA ha demostrado que la relación entre los sistemas de alerta, la comunicación entre administraciones y técnicos, la toma de decisión de actuaciones de emergencia y el aviso a la población no ha sido eficaz. Es necesario revisar y mejorar los protocolos de actuación. Resulta imprescindible avisar a la población de manera más eficaz teniendo en cuenta, además, que más de la mitad de las personas que han fallecido superaban los 70 años de edad.
Por otra parte, es necesario realizar simulacros para comprobar el funcionamiento de estos protocolos en situaciones de emergencia ante riadas. Debemos aceptar que hay muchas zonas de nuestro país que están en serio riesgo de inundación.
De igual manera, proponemos una revisión del protocolo actual que determine la activación de la emergencia nacional a través de parámetros específicos. Es necesario tecnificar, al máximo nivel, los riesgos y los sistemas de alerta.
Esta trágica DANA ha demostrado que la relación entre los sistemas de alerta, la comunicación entre administraciones y técnicos, la toma de decisión de actuaciones de emergencia y el aviso a la población no ha sido eficaz
Mantenimiento de infraestructuras
Esta DANA ha demostrado también que es imprescindible disponer de infraestructuras hidráulicas e invertir adecuadamente en su mantenimiento. En la Comunidad Valenciana destaca el buen funcionamiento hidráulico que han tenido las presas de Forata en el río Magro, y Buseo en el río Sot, las cuales han reducido sustancialmente las puntas de las crecidas en esos ríos y han evitado situaciones de peores consecuencias en las poblaciones situadas aguas abajo de esas presas.
El nuevo cauce del río Turia, que se construyó en las actuaciones del Plan Sur como consecuencia de la riada de 1957 y puentes como el Pont Blau de Torrent, que han aguantado el paso de la gran avenida, han sido fundamentales en la protección de la ciudadanía y en evitar consecuencias incalculables. Las infraestructuras hidráulicas salvan vidas.
El liderazgo de los ingenieros de caminos
Otra reflexión que confirmamos con esta DANA es que los gobiernos nacionales, autonómicos y locales deben preservar las competencias de los ingenieros de caminos en la planificación hidrológica.
Es imprescindible también que nos permitan liderar la gestión de las inversiones en infraestructuras hidráulicas desde puestos de trabajo de máxima responsabilidad en las distintas administraciones.
Por un principio de interés general, los ingenieros de caminos debemos participar de forma activa en todas las etapas de la toma de decisiones en el ámbito hidráulico, desde la planificación y el diseño de proyectos hasta su ejecución y seguimiento. Además, nuestra formación técnica combina un profundo conocimiento en la ordenación del territorio, la gestión de infraestructuras críticas y la integración de la variable ambiental en la toma de decisiones estratégicas.
Por eso, con el análisis que ya disponemos de los riesgos de inundaciones que afectan a terrenos donde viven millones de personas de distintas comunidades, los ingenieros de Caminos también debemos impulsar la definición de las acciones necesarias para fijar los límites de las edificaciones en esos lugares y, en su caso, recomendar las defensas y medidas de protección necesarias.
Estoy convencido de que nuestra contribución en las labores de reconstrucción tras la DANA y nuestras aportaciones en la toma de decisiones futuras serán de gran valor.
Termino recordando la figura de Agustín de Betancourt, el creador de nuestra profesión, en este año en que conmemoramos el bicentenario de su fallecimiento. En 1802 se produjo el derrumbamiento de la presa de Puentes, en la localidad murciana de Lorca, que provocó la muerte de más de 600 vecinos. Betancourt elaboró un informe sobre las causas que provocaron la catástrofe y subrayó la necesidad de contar con técnicos con conocimientos sólidos para desarrollar las infraestructuras promovidas por el Estado. De este modo, promovió y aceleró la creación de la Escuela de Caminos y Canales que, junto con otras escuelas, formaron a profesionales que aportan seguridad a las infraestructuras hidráulicas y contribuyeron a la modernización de nuestro país.
Los valores fundacionales de nuestra profesión, que son la ciencia, la técnica, el servicio público, la sostenibilidad y la independencia, aportan hoy las mayores cotas de excelencia profesional en beneficio de la sociedad. Por eso, desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos reiteramos a las administraciones e instituciones del Estado nuestro firme compromiso de colaboración.
Confiamos y deseamos que la ingeniería de caminos española promueva con los gobiernos y las administraciones la mejor España, la más segura, próspera y sostenible. La España que merecemos y a la que nos enorgullece pertenecer y servir.