[pms-logout text="Bienvenido, {{meta_user_name}}" link_text="Salir"]
España es un país árido. Es un hecho que el agua es un bien escaso, que las precipitaciones tienen una tendencia decreciente aun cuando las intensidades máximas se acusen; que las aportaciones a nuestros ríos siguen la misma tendencia que las precipitaciones, y que los fenómenos extremos (inundaciones y sequías) se agravan. Estos problemas se han venido intensificando como consecuencia del cambio climático.
Conviene señalar que los gestores del abastecimiento a poblaciones en constante crecimiento, comparten el recurso con otros grandes usuarios como los hidroeléctricos o los regantes, y que la distribución se inclina poderosamente hacia estos últimos. En España, alrededor del 70% de los recursos hídricos se destina a la agricultura.
Además, el recurso disponible sufre cada vez más presión antropogénica por lo que su calidad empeora mientras el marco normativo se endurece de forma permanente.
Ante esta situación, más allá de llevar a cabo una correcta planificación de los recursos y de las infraestructuras necesarias asociadas, o de encontrar y utilizar de manera coordinada recursos complementarios (aguas subterráneas, agua regenerada) es un deber inaplazable aplicar la máxima de que «cada gota cuenta».
El Instituto Nacional de Estadística (INE), en su último análisis correspondiente al ejercicio 2020, cuantifica que las fugas de agua en el conjunto de España representan un porcentaje medio del 15,4% del agua suministrada, si bien ese porcentaje varía considerablemente entre comunidades autónomas. Entre las comunidades con un mayor porcentaje de pérdidas reales sobre el volumen de agua suministrada se encuentran Ceuta y Melilla (25%), Canarias (24,4%) y Extremadura (22%). En el otro extremo, las comunidades que registran un menor porcentaje son Madrid (4,9%), Murcia (11,4%) y País Vasco (13,2%).
Ante estos datos es evidente la necesidad de conocer, documentar e informar acerca del desempeño de las redes. A este respecto resulta interesante que sea la recién traspuesta Directiva de Aguas de Consumo (en concreto, el RD 3/2023 por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro) la que recoja la obligación de que los gestores de los sistemas de abastecimiento evalúen y reporten las fugas en las redes de las que se ocupan.
Disposición adicional decimotercera. Calendario para la evaluación de fugas estructurales
- Los operadores de las zonas de abastecimiento tipo 3, 4, 5 o 6 realizarán una evaluación de fugas estructurales en las conducciones de agua bruta y de agua de consumo. La primera evaluación será antes del 31 de marzo de 2025.
- La evaluación de fugas estructurales de agua de consumo en los depósitos, las redes de distribución y acometidas:
- a) En el caso de redes de distribución que suministren más de 10 000 metros cúbicos diarios en épocas de consumo máximo, la primera evaluación se realizará sobre las fugas estructurales existentes en el año 2024. Esta evaluación deberá ser remitida antes del 31 de marzo de 2025 y después cada dos años al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al SINAC conforme a lo establecido en el artículo 64.
- b) En el caso de redes de distribución que suministren entre 100 y 10 000 metros cúbicos diarios en épocas de consumo máximo, la primera evaluación se realizará sobre las fugas estructurales existentes en el año 2024. Esta evaluación deberá ser remitida antes del 31 de marzo de 2025 y después cada cuatro años, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al SINAC conforme a lo establecido en el artículo 64.
- Con esta información, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico realizará el «Informe sobre Fugas Estructurales» indicado en la disposición adicional tercera, que se actualizará cada dos años para los ámbitos incluidos en el apartado 2.a) y cada cuatro años para los municipios incluidos en el apartado 2.b).
Balance hídrico y agua no registrada
Merece la pena detenerse momentáneamente en los distintos conceptos que componen el balance hídrico (según la estructura definida por la IWA) de cara a situar entre los volúmenes de entrada al sistema de abastecimiento aquellos que se corresponden con las pérdidas en la red.
Igualmente es interesante entender el concepto de Agua No Registrada (ANR). El ANR se calcula como la diferencia entre el volumen de agua suministrada a un sistema y el volumen de consumo registrado por los aparatos de medida, expresada en porcentaje.
Considerando el balance anterior, el ANR se puede desglosar en los siguientes términos:
- consumo autorizado no medido (las causas son diversas: suministros municipales, estimaciones);
- pérdidas aparentes, integradas a su vez por los consumos no autorizados y por las imprecisiones de los equipos de medida; y
- pérdidas reales o fugas.
La reducción del ANR es un objetivo general para todos los operadores, tanto porque persiguen un uso sostenible del recurso hídrico como porque genera costes que no se pueden recuperar.
Según el XVII Estudio nacional de suministro de agua potable y saneamiento, publicado en 2022 por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones (AGA), el ANR representa el 23,5% del total de volumen de agua suministrada. Del ANR, se estima que más del 60% son fugas, cerca de un 25% son imprecisiones de medida, un 8,5% son fraudes y un 6% se asocia a consumos autorizados no medidos.
Estos datos son consistentes con los ya mencionados cuantificados por el INE.
Reducción de pérdidas reales
Centrándonos en el término de las pérdidas reales, son varias las líneas de trabajo cuyo resultado contrastado, si se sostiene en el tiempo, es una disminución del agua que se pierde en las conducciones de transporte y distribución.
- Sectorización de la red
Sin el conocimiento físico adecuado de la red resulta complicado tomar medidas planificadas y evaluar los resultados. Por ello, la sectorización se convierte en una necesidad para abordar las mejoras y los problemas de manera acotada y medir la contribución de cada una de las acciones adoptadas de forma más fiable. La determinación del número de sectores adecuado, el conocimiento físico y la caracterización (entradas, salidas), la instalación de instrumentación adecuada (caudalímetros, medidores y reguladores activos de presión), y el correcto mantenimiento de esa instrumentación para garantizar la fiabilidad de la medida o el establecimiento de caudales mínimos nocturnos favorecen la detección de las pérdidas, ya que así se dispone de un conocimiento «micro» de lo que sucede en la red.
2. Medición en tiempo real
El despliegue de la telelectura, una tecnología que permite la lectura horaria remota de los medidores sin que el personal cualificado del servicio tenga que desplazarse al contador, facilita la rápida detección de las posibles fugas o los consumos anómalos.
La instalación de contadores con este tipo de tecnología se extiende de manera lenta y desigual por el territorio nacional. Según el precitado XVII Estudio nacional de suministro de agua potable y saneamiento, solo un 19% del parque de contadores cuenta con telelectura, habiéndose aumentado este porcentaje respecto a estudios anteriores. Las áreas metropolitanas son las que lideran este cambio tecnológico.
3. Detección temprana de fugas
Una herramienta relevante en la reducción de estas pérdidas es el establecimiento de planes de detención anticipada de fugas. Sobre la base del estudio de cada sector y del conocimiento ya mencionado de los caudales mínimos nocturnos, resulta relativamente fácil determinar aquellas zonas en las que se hace necesario intensificar la búsqueda de las salidas de agua: roturas incipientes, desagües abiertos, incidencias en acometidas o consumos no autorizados pueden ser descubiertos y atajados gracias a la llamada «prelocalización», lo que permite además centrar los esfuerzos inversores en los lugares más adecuados. También son válidas para este fin campañas ordinarias de detección que inspeccionen la red de forma periódica.
4. Renovación de infraestructuras
En 2019 se presentó el prolijo y riguroso estudio Necesidades de inversión en renovación de las infraestructuras del ciclo urbano del agua en España, realizado por AEAS y la Cátedra Aquae de la UNED con la colaboración de la Universidad Politécnica de Cataluña.
En él se cuantifican y valoran, a nivel nacional, las infraestructuras que soportan los servicios urbanos de abastecimiento y saneamiento. Los datos globales nacionales del inventario realizado establecen que en España contamos con un vasto patrimonio en infraestructuras del ciclo del agua urbana, con 23 789 km de red de aducción (tuberías destinadas a conducir el agua desde el punto de captación hasta la planta de tratamiento) y 248 245 km de red de abastecimiento.
Este estudio determina, además, las necesidades de inversión anuales para conseguir una gestión sostenible de estos servicios y afrontar retos futuros: en España se invierten unos 585 millones de euros al año en renovación de infraestructuras del ciclo urbano del agua (abastecimiento y saneamiento), cuando las necesidades evaluadas ascienden a 2221 millones de euros.
Esta alta desviación pone de manifiesto que es urgente intensificar el esfuerzo inversor y mantenerlo en el tiempo, ya que se está invirtiendo alrededor de un 75% menos de lo necesario, lo que conlleva un envejecimiento progresivo de las infraestructuras.
El estudio indica igualmente que, a partir de la crisis de 2008, los niveles de inversión en infraestructuras hidráulicas en España han disminuido de forma considerable. Realizada la comparación con otros países europeos, el grado actual de inversión es muy bajo, menos de la mitad que el de nuestros homólogos. Así como en otros países el aumento ha sido evidente, en España hay una importante reducción (2,5 veces menos en el periodo 2014-2017 respecto al 2007-2009). Y esto, en la situación descrita al inicio: España es el país europeo más sensible a los efectos del cambio climático, dado que ya presenta unos elevados niveles de estrés hídrico.
Solamente la inclusión sistemática de partidas para la renovación anual de las redes de abastecimiento —con una planificación sustentada en un conocimiento de los materiales, la antigüedad o los puntos singulares, así como de un análisis de riesgo (probabilidad de fallo de cada tramo de conducción e impacto de ese fallo en términos, por ejemplo, de población desabastecida)— proporcionará a medio plazo una disminución sustancial del agua perdida tanto en fugas como en roturas.
5. Mantenimiento preventivo
La citada falta de asignación de recursos económicos al cuidado de las redes de abastecimiento no solo conduce a la situación expuesta de envejecimiento de las conducciones, sino a un abandono de las tareas de mantenimiento preventivo centrando los escasos recursos en corregir fugas, averías o roturas.
Es un error manifiesto esperar al colapso de cualquier infraestructura en lugar de prevenir el evento y prolongar la vida útil. La rotura, además de requerir la sustitución de la tubería colapsada, implica casi inexorablemente la pérdida de agua y la interrupción del servicio.
6. Reingeniería de las instalaciones. Selección de materiales
La prolongación de la vida útil de las instalaciones con la eficiencia hidráulica adecuada exige la selección y el empleo de materiales más duraderos, y una revisión periódica de los diseños (velocidades, diámetros, profundidades de instalación, trazados, etc.).
Comunidad de Madrid: caso de éxito
El marco de estrés hídrico descrito inicialmente tiene su clara manifestación en la Comunidad de Madrid: en los últimos 30 años, el agua que llega a los embalses procedente de las precipitaciones ha descendido casi un 20% respecto a la media histórica, según la información recogida a lo largo de más de un siglo por la empresa gestora del sistema.
También es un hecho que la población sigue creciendo. Hace 50 años la Comunidad de Madrid solo tenía 3,5 millones de habitantes; hoy son más de 6,5 millones. En los últimos 20 años, la población ha aumentado en un 23%. Sin embargo, el volumen de agua derivada para la actividad de la región ha disminuido en esos mismos 20 años en un 14,3%.
Esta reducción de los volúmenes derivados se sustenta en distintos pilares relacionados con la gobernanza, la planificación o la utilización de recursos complementarios, pero también en la maximización de la eficiencia de la red.
La implantación y despliegue desde hace más de una década de las medidas explicadas en el apartado precedente en los 17 700 km de conducciones de abastecimiento han tenido un resultado patente.
Conclusión
El recurso para garantizar el abastecimiento a la población es escaso y su distribución estacional está cambiando. La búsqueda de fuentes alternativas no debe abandonarse, pero para garantizar la sostenibilidad de las que tenemos actualmente hay que centrarse en no perder los volúmenes disponibles.
La minimización de las pérdidas en las redes es una necesidad y una responsabilidad que los distintos actores han de enfrentar. Las líneas de trabajo descritas en este artículo se han manifestado como eficaces para conseguir la reducción de las fugas, pero se requiere un compromiso firme por parte de las administraciones competentes para alcanzar y mantener en el tiempo los niveles de inversión que las infraestructuras demandan para su funcionamiento eficiente: no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar los volúmenes suministrados.