La DANA y la urgencia de una estrategia sostenible de infraestructuras

La reciente DANA y sus trágicas consecuencias han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los territorios frente a fenómenos meteorológicos extremos y la necesidad de dar seguridad a la población y al patrimonio en ellos presentes. Nuestro Colegio, en el marco del Observatorio de la Inversión en Obra Pública, ha recordado de forma recurrente la necesidad de una planificación a largo plazo de las infraestructuras que responda a las necesidades actuales y futuras y que esté basada exclusivamente en criterios técnicos con el fin de evitar cambios en las estrategias que alejen la consecución de los objetivos y, por otra parte, que cuente con la financiación suficiente para asegurar su ejecución.

En España disponemos ya de una serie de directrices que marcan las actuaciones prioritarias en materia de gestión de la política hidráulica y de inundaciones, y que están definidas en los sucesivos planes hidrológicos y en diferentes planes de gestión del riesgo de inundación, los cuales contemplan la construcción de diversas infraestructuras hidráulicas. Sin embargo, salvo casos puntuales, la gran mayoría de esas medidas no se han llegado a ejecutar, bien por falta de acuerdo político entre las diferentes administraciones competentes, bien por falta de disponibilidad presupuestaria. En este sentido, los efectos de la DANA, desafortunadamente, se han traducido en unas pérdidas económicas y materiales que superan con creces el coste de haber llevado a cabo tales actuaciones, por no hablar de la irreparable pérdida de vidas humanas. Por eso, la gestión de estos fenómenos climáticos —que si bien extremos son cada vez más frecuentes— exige una reflexión profunda y cambios sustantivos en nuestro modo de proceder.

En un país con un régimen hidrológico tan irregular como el de España, marcado por sequías e inundaciones recurrentes, la inversión en almacenamiento, regulación y protección frente al riesgo de inundaciones resulta imprescindible. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), las inundaciones son el riesgo natural más importante en nuestro país, con 2450 episodios registrados en los últimos 500 años y daños que ascienden a 800 millones de euros anuales de media. Y aun conociendo la magnitud del problema, hay que remontarse a las décadas de 1990 y principios de los 2000 para encontrar un esfuerzo inversor significativo en la construcción de infraestructuras hidráulicas para controlar las inundaciones. En los años posteriores cambió la estrategia en cuanto a la mejor manera de mitigar este riesgo y se viró hacia soluciones más basadas en la naturaleza. Y esto, junto a la drástica reducción de la inversión en obra pública a raíz de la crisis económica de 2008, redujo a mínimos la construcción de infraestructuras de prevención y protección contra el riesgo de inundación. De hecho, ya superada la crisis económica y con una inversión estimulada por los fondos europeos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), tampoco se ha considerado invertir en este tipo de infraestructuras que, en muchos casos, se mantienen en la condición de «planificadas» sin haber conseguido avanzar hacia «en ejecución» o «ejecutadas».

La extrema gravedad de las consecuencias de esta DANA debe marcar un punto de inflexión en la situación de inacción e infrainversión en medidas de protección de los territorios con riesgo de inundación. La reconstrucción es un paso imprescindible, pero debemos ir más allá para consolidar un sistema que minimice el impacto de futuros episodios y proteja el bienestar de una población que ha de retomar su vida en unas zonas que, pese a estar señaladas en los mapas de riesgo de inundación del MITERD, no se contempla desurbanizar.