Por último, el tercer elemento del trilema es la competitividad económica que se subdivide en dos dimensiones, la micro y la macroeconómica. La microeconómica se refiere a los precios de la energía y a las actividades de consumo y producción de los hogares y empresas; esto es, mide los costes derivados de las explotaciones de las plantas de energía y su distribución para evaluar sus condiciones de oferta, penetración en los mercados de consumo y los grados de competencia.

La dimensión macroeconómica se centra en la capacidad de movilización de recursos financieros que sean capaces de asociar a inversiones y a conjuntar decisiones de apuesta por nuevas tecnologías de energía e, igualmente, en su capacidad para poder influir en el desarrollo de la transición energética.

De esta forma, los procesos de transición energética incluyen tanto actuaciones referidas a la eficiencia energética (perspectivas desde la demanda) como actuaciones en lo tocante a las modificaciones de la matriz eléctrica (perspectivas desde la oferta).

Dichas apuestas abren nuevas alternativas de crecimiento y de negocio. Las oportunidades económicas que se presentan pueden subdividirse en tres aspectos. Las macroeconómicas, que recogen su contribución al PIB, empleo, exportaciones e ingresos fiscales; esto es, derivado de la movilización de los recursos económicos; y las microeconómicas, que están asociadas a los objetivos de competitividad territorial y empresarial. Las primeras repercuten en los niveles de reducción de la contaminación y las segundas poseen incidencia en otras actividades relacionadas y vinculadas con la movilidad, economía circular, digitalización, desarrollo de nuevos productos y servicios, etc.

Por tanto, las oportunidades de generación de valor están muy relacionadas con los procesos de transición, ya sean por medio de la descarbonización, la creación de redes inteligentes de distribución de energía, de infraestructuras, instalaciones y equipamientos en los entornos de producción y consumo, entre otras. O sea, se procede a la sustitución de unas energías por otras, renovando y adaptando las infraestructuras y los equipamientos, de la misma forma que mejorando los consumos.

Las otras oportunidades tienen que ver con los aspectos regulatorios que abren las puertas a nuevos esquemas de regulación y de incentivos. En estos supuestos hay que tener en consideración la fiscalidad energética y medioambiental, así como las señales que se emitan para que todos los agentes económicos modifiquen y actualicen sus comportamientos, y para que las decisiones de producción, consumo e inversiones sean más sostenibles y eficientes.

El modelo español

España ha basado su modelo económico en el uso y dependencia de los productos fósiles. A partir de los años 70 del pasado siglo, la energía hidroeléctrica es sustituida por las térmicas clásicas (básicamente carbón) y por el uso mayoritario del petróleo, que acarreó una elevada dependencia.

A comienzos de siglo XXI, tanto la potencia como la generación de energía procedente de energías no renovables (nuclear, carbón, fuel/gas) superan el 80%. A día de hoy, según datos de 2020, las energías renovables (hidráulicas, eólicas, solares, geotérmicas, biomasa, biocarburantes y residuos renovables) baten el récord histórico y suponen el 44% del total de la energía generada en España, de la que el 21,9% corresponde a la eólica.

En la medida que la energía es un bien necesario para el desarrollo económico, es preciso garantizar su seguridad. Asimismo, el coste de la misma incide en los niveles de la competitividad económica (vía rentabilidad) y, con ello, en la inserción y posicionamiento internacional en cualquiera de las actividades y segmentos productivos y de servicios,

Un modelo económico deja de ser sostenible cuando el proceso de producción y acumulación genera efectos negativos, produciendo lo que se denomina externalidades negativas ambientales. O sea, cuando se infringe el concepto de sostenibilidad, que Brundtland definía de la siguiente forma: “satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones venideras de poder satisfacer sus propias necesidades”. De infringirlo y consentirlo, los efectos negativos serían muy duraderos y supondrían una losa para las siguientes generaciones.

En este sentido, los acuerdos internacionales referidos a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (OS) y sus 169 metas vienen a constituir el horizonte y las bases de una aceptación universal.

España está dispuesta a registrar un cambio notable en las bases de su desarrollo. Las piezas fundamentales de la transición energética destacan por:

• impulsar el ahorro energético, reclamando buenos indicadores en lo que se refiere a la eficiencia, esfuerzo y concentración de las acciones. Se exigen marcos reguladores y una mayor conciencia ciudadana que permita lograr modificar los comportamientos y conductas en el uso, consumo y movilidad. Se pueden estimar los ahorros como resultante de las reducciones de costes;
• impulsar un proceso de sustitución de combustibles fósiles por renovables, a precios competitivos para garantizar su utilización. Se pretende ampliar la participación de las renovables, eliminando barreras para la integración de los sistemas eléctricos, tanto en la producción como en la distribución, aumentando, asimismo, la confianza de los consumidores;
• apostar por las nuevas tecnologías y equipamientos para posibilitar los usos más eficientes y sin menores efectos perjudiciales o generadores de externalidades ambientales negativas;
• introducir una fiscalidad ambiental que permita la internalización de los costes externos de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, dentro de un nuevo contexto de Reforma Fiscal Verde;
• atender a los colectivos que resulten afectados negativamente, ya sean personas, ya sean espacios o actividades; y
• reactivar la necesidad de aceptación y comprensión en lo que hace referencia a la formulación e implantación de los nuevos marcos económicos, legales, administrativos y regulatorios para poder lograr la sostenibilidad de los sistemas productivos y de servicios.

Siguiendo las pautas establecidas en el Acuerdo de París, se han formulado tres iniciativas de gran calado de futuro: el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, 2012-2030 (PNIEC) y la Estrategia de Transición Justa. Se busca disponer de elementos que guíen los procesos de transición y coadyuven a implementar los marcos estratégicos que permitan garantizar los procesos de descarbonización de la economía, la definición de una hoja de ruta para la próxima década y una estrategia de transición justa que permita asegurar a los trabajadores y territorios nuevas oportunidades derivadas de la mencionada transición y poder minimizar los efectos y repercusiones negativas por medio de medidas de acompañamiento y reactivación económica.

En la actualidad, el PNIEC impulsa el proceso de transición energética, cuyo objetivo es la reducción de GEI derivados de los efectos del cambio climático al suponer la existencia de un riesgo para la sociedad. Se trata de conseguir limitar el calentamiento global y de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por un lado, y reducir los daños causados por la contaminación atmosférica (SO2, NOx…), por otro.

El PNIEC ofrece un marco que contempla un mix de generación; esto es, subraya el cierre de centrales que en la actualidad están operativas, y, en paralelo, menciona la necesidad de inversiones en nuevas instalaciones de generación renovable. Admite, pues, los impactos desiguales en lo que atañe a los territorios, debido a las disímiles repercusiones en los aspectos espaciales.

La filosofía de los procesos de transición energética planteados en España se fundamenta, principalmente, en la implantación de modelos bajos en carbono, que se desarrollen de manera que se coadyuve la optimización de los beneficios de la transición, que generen empleos y que se minimicen las repercusiones negativas que puedan derivarse en aquellas actividades que deberán ser objeto de transformación y reconversión.

En lo que concierne a la Estrategia de Transición Justa se definen herramientas novedosas de cara a favorecer las propias dinámicas de transformación sectorial, el cierre de instalaciones y la puesta en marcha de medidas de anticipación y reactivación territorial. Esto es, dicho proceso subraya el compromiso de incorporar políticas de transición justa, centradas en el apoyo a las actividades económicas que necesitan de adaptación, transformación cualitativa y protección del empleo.

Asimismo, ha de contemplar las bases para poder identificar e implementar, en cada caso específico, aquellas medidas que permitan garantizar a los trabajadores y territorios afectados un tratamiento que sea equitativo y solidario, que facilite un nuevo escenario productivo para todos, que evite la despoblación de las zonas afectadas por los posibles cierres y que no condene a la marginación económica a los territorios afectados.

De esta forma, la Estrategia de Transición Justa tiene como cometido la formulación de un Plan Sectorial de Transición para la Industria que servirá de pauta y de marco para cualquier medida de carácter sectorial, donde se incluyan los objetivos de adaptación a los requerimientos impuestos por las dinámicas de descarbonización y apuestas por las energías renovables y donde se definan las empresas y grupos de empresas que vayan a sufrir las transformaciones implícitas en dichas apuestas de cambio de modelo productivo.

En suma, lleva consigo el impulso de políticas industriales, de investigación y desarrollo, de innovación, de promoción de la actividad, de empleo, de formación, etc., de cara a identificar los desafíos y retos, así como las oportunidades y ventajas de dicha transición, ya sea a nivel de sectores como de subsectores industriales.

Para su aplicación se tiene pensado materializar los Convenios de Transición Justa, que son a la vez un Plan de Acción Territorial como un Plan de Actuación Económica, en los que se garantice el mantenimiento y la creación de actividad sustitutiva de empleo, de la fijación de población y la promoción de una diversificación y especialización de las actividades económicas, en coherencia con el nuevo contexto socioeconómico, aprovechando los recursos endógenos del territorio y atrayendo nuevas inversiones para su localización en el territorio afectado.

Los convenios obligarán a incluir los objetivos medibles y a definir una hoja de ruta con un calendario acordado. Para ello, se podrá disponer del Instituto para la Transición Justa, que servirá de apoyo para la elaboración de dicho marco de apoyo, tanto técnico como financiero.

Los elementos característicos de las transiciones energéticas revelan, en consecuencia, varios factores; pero, en todos los supuestos, las máximas preocupaciones se basan en garantizar una seguridad energética, por un lado, y en presentar sistemas de cobertura económica-social a los trabajadores y habitantes de las zonas afectadas, por el otro.